Identificar al autor, recolectar pruebas y finalmente retirar contenido, fue el esquema de trabajo propuesto por el Fiscal especializado en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

"Ante ciberdelitos que reproducen la violencia de género, se debe poner el eje en el victimario. La difusión no autorizada de imágenes sin permiso constituye un delito", así lo expresó el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Publico Fiscal de la Nación Horacio Azzolin.

Fue en el marco del taller virtual organizado en conjunto por la Secretaría de Derechos Humanos, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta en donde se compartieron experiencias de distintas jurisdicciones y el trabajo desarrollado desde la Unidad Fiscal especializada a nivel nacional.

En el encuentro participaron 100 personas, entre funcionarias y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Salta, referentes del Consejo Federal de Procuradores y Fiscales.

La actividad fue presidida de manera conjunta por la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Inés Bocanera y el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, quién agradeció la disposición del disertante y destacó la amplia participación que generó la formación.

En el abordaje de las situaciones se sugirió analizar la raíz del conflicto y sumar como agravante si es que el hecho constituye violencia de género o no. “Las campañas de prevención de estos delitos deben poner el eje en la persona que comparte imágenes sin consentimiento, la censura social a este acto es el primer paso para sacar culpa a la víctima”, señaló Azzolin.

Al finalizar la jornada se destacó el valor de los espacios de formación para actualizar contenidos, revisar prácticas y aportar al diseño de nuevos esquemas de acción. “Destacamos la participación y el trabajo en red que posibilitan estos espacios ante la enorme demanda que existe; redoblaremos los esfuerzos para ampliar y multiplicar estas herramientas para abordar situaciones que vulneren los derechos y libertades por delitos informáticos”, señaló la secretaria Reyes.