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Fue en la última reunión del Consejo Federal contra la Trata de Personas en donde se hizo mención de la asistencia a 62 sobrevivientes en Salta. En la ocasión también se aprobó el Plan Bienal que comprende asistencia integral, capacitaciones, acuerdos bilaterales de cooperaciones y una agenda conjunta hasta el 2022.

 

Durante la última reunión del 2020, convocada por la Coordinación Nacional del Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se aprobó el Plan Bienal 2020-2022 para la protección y asistencia a las víctimas. En la oportunidad Salta participó a través de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a personas damnificadas por el delito de la Trata.

 

Las bases del trabajo a nivel federal se centran en la asistencia integral a víctimas y la restitución efectiva de derechos; en este sentido se destacó el trabajo de la región NOA y el contacto con los distintos puntos focales del país que posibilitaron la asistencia y el traslado de 62 sobrevivientes en el marco de la pandemia por COVID-19.

 

Además del balance de cada provincia y la presentación del informe anual “Impacto de la pandemia COVID-19 en la trata de personas”, elaborado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata (PNR), se avanzó en la agenda 2021 a través de la cual se estableció, entre otros puntos, la incorporación al Consejo Federal contra la Trata de Personas de los Ministerios de Salud y Educación de la Nación.

 

Finalmente, también se aprobó el Plan Bienal 2020-2022 elaborado por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección de sus Víctimas, que pone énfasis en el desarrollo de capacitaciones sobre la Ley 27.508 que establece la creación del Fondo Fiduciario Público, un fondo de asistencia directa a víctimas de trata, a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal de Nación y campañas de sensibilización para impulsar la notificación temprana a las víctimas sobre los derechos de restitución económica desde el momento del rescate.

 

Además se estableció ampliar el contacto con organizaciones nacionales como COPRETI y CONAETI a fin de fortalecer las fiscalizaciones en zonas rurales e impulsar la mayor cantidad de acuerdos bilaterales para la cooperación internacional en materia de trata y explotación de personas.

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