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El ministro López Arias y el presidente de la Corte Guillermo Catalano evaluaron las condiciones de alojamiento de detenidos, procesados y condenados.
 
En una reunión que encabezaron el ministro Marcelo López Arias y el presidente de la Corte Guillermo Catalano, se volvió a plantear la situación de los lugares de alojamiento de detenidos, procesados y condenados. El acento nuevamente se puso en la Alcaidía donde la capacidad está sobrepasada.
 
El ministro López Arias recordó la deuda que el gobierno nacional mantiene con la Provincia por la manutención de los presos por microtráfico. La misma es de alrededor de $ 500 millones y corresponde a la instrumentación de la desfederalización del microtráfico de drogas, sistema al que adhirió el Ejecutivo provincial en enero de 2014.
 
“Salta tomó la decisión de adherir a la ley de la desfederalización y esa misma ley es la que establece que Nación debe enviar los recursos”, indicó el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, al señalar que el Ministerio de Justicia nacional reemplazó su compromiso de construir o ampliar edificios penitenciarios por el ofrecimiento de financiamiento.
 
Acompañaron a López Arias los secretarios de Gobierno, Santiago Godoy; de Políticas Penales, Pablo Alavila; y de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi; como así también el subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena. Por la Corte estuvieron los vicepresidentes primero, Ernesto Samsón, y segundo, Fabián Vittar; el juez decano, Guillermo Posadas; y la jueza de Corte, Teresa Ovejero.
 

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