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El tema fue tratado con Migraciones y la Corte de Justicia. Hay unos 50 condenados en condiciones de ser expulsados.

 

En Salta hay alrededor de 50 privados de la libertad de origen extranjero, alojados en cárceles provinciales y federales, en condiciones de ser expulsados a sus países de origen. Funcionarios del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Jueces de la Corte y autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones analizaron hoy la agilización de los procesos.

En cada uno de los trámites intervienen el Ministerio Publico, el Poder Judicial y el organismo nacional, por lo que la coordinación entre ellos es fundamental para dar cumplimiento a lo que manda la Ley de Migraciones, que en su artículo 64 abre esta posibilidad y exige que se cumpla la mitad de la pena para la expulsión anticipada del país de los condenados.

Los secretarios de Políticas Penales y de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Pablo Alavila y Carina Iradi, indicaron que la reunión fue positiva ya todos coincidieron en la necesidad de dar agilidad a los procedimientos.

La mayoría de los internos condenados aquí son bolivianos, aunque también hay peruanos, colombianos y brasileros. Entre los delitos por los que fueron condenados hay delitos contra la propiedad (en sus distintas modalidades), agresores sexuales e infractores a la ley de Estupefacientes. El año pasado fueron expulsados cinco internos que estaban alojados en el servicio penitenciario provincial.

La reunión tuvo lugar en Ciudad Judicial y allí se encontraban el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, y las juezas Sandra Bonari y Teresa Ovejero; el delegado en Salta de la Dirección de Migraciones, Cr. Martín Pérez Estrada; la asesora de ese organismo nacional, Luciana Barris Ruiz; y el subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena.

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