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La unidad que controla a personas con arresto domiciliario cumplió dos años de funcionamiento.

Ciento diez personas son monitoreadas actualmente por la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) que hoy cumple dos años de funcionamiento. El subsecretario de Políticas Penales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena, indicó que el sistema es “modelo a nivel nacional”, ya que permitió segmentar la población carcelaria en condiciones de acceder al beneficio de acuerdo a una decisión de la Justicia provincial.

El funcionario reconoció el trabajo de los 26 efectivos de diversos escalafones que desempeñan sus tareas en la Unidad. Al grupo lo calificó de “ejemplar” porque elevó la calidad del servicio con la capacitación permanente.

El director de UADME, José Flores, señaló que el servicio se extiende a todo el territorio salteño e indicó el interés de Jujuy y de Santa Fe de aprender y conocer los protocolos de seguridad y la actuación aplicada en Salta.

El seguimiento de la tobillera se hace las 24 horas, los 365 días del año. En algunos casos, los aparatos son monitoreados por posicionamiento georreferenciado (GPS), específicamente son los que tienen los privados de la libertad con salidas permitidas a ámbitos educativos o de la salud.

La Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico fue creada en 2017 y funciona en el ámbito del Servicio Penitenciario. La UADME supervisa el correcto funcionamiento del mecanismo de vigilancia electrónica articulando acciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Funciona en Santiago del Estero 2291, 3er piso, oficina 14.

Lucena marcó la evolución del sistema desde su creación, a través de tres etapas específicas: “En la primera se hizo foco en la modalidad de arresto domiciliario, en la segunda se implementó el posicionamiento georreferenciado para el control de internos con salidas permitidas y finalmente se innovó con la justicia penal juvenil”, explicó.

Participaron en la ceremonia de aniversario, la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi; el secretario de Políticas Penales, Pablo Alavila; el director del Servicio Penitenciario, Juan Daza, entre otros.

 

 

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