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Con el objetivo de incorporar herramientas para la detección, denuncia y derivación de casos de violencia de género a las prácticas de sus profesionales, el Colegio de Psicólogos suscribió un acuerdo con el OVcM para sensibilizar y capacitar a sus colegiados.

Ayer se firmó un convenio de cooperación entre el Colegio de Psicólogos y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. El acuerdo fue rubricado por las presidentas de ambos organismos, Irma Silva y Alfonsina Morales, y promovido institucionalmente por la vicepresidenta Tania Kiriaco.

El acuerdo se enmarca en la política del OVcM, de incorporar a los colegios profesionales en la sensibilización y capacitación de los colegiados en el cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Provincial 7.888.

“Muchas veces una mujer va a una consulta psicológica por un cuadro de depresión. Pero si uno indaga profundamente, puede ver que detrás de eso hay una violencia instalada. Nos ha pasado que alguna psicóloga nos consulte puntualmente. Y ese asesoramiento informal que damos, queremos formalizarlo y que realmente llegue a todos”, explicó Alfonsina Morales.

“Quiero aclarar que esto es una herramienta más, pero esto no quiere decir que a la Salud Mental competa exclusivamente la responsabilidad de la erradicación de la violencia. Son otras también las profesiones que se tienen que sentir involucradas. Así como se sumaron desde el Colegio de Odontólogos y Psicólogos, esperamos poder extenderlo a otras instituciones”, resaltó Morales.

Por su parte, Silva indicó que el Colegio de Psicólogos tiene una fuerte impronta en la promoción de los derechos humanos y resaltó la importancia del abordaje interdisciplinario de los casos de violencia, en particular contra las mujeres, tal como lo establece el plexo normativo de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657.

El artículo 6° de la Ley Provincial 7.888 establece que funcionarios públicos, agentes, profesionales y técnicos de las áreas de familia, salud y educación, que detecten hechos de violencia en el ejercicio de sus funciones, están obligados a denunciarlos ante autoridad competente, quedando liberados del secreto profesional. El acuerdo permitirá la elaboración de un protocolo de actuación para guiar las prácticas profesionales.

Además la norma estipula que la denuncia debe concretarse en un plazo no mayor a setenta y dos horas y que la omisión de denunciar, en el ámbito público, hace pasible de sanción por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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