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Personal del Ministerio de Gobierno trabaja en las últimas etapas de la creación de ese soporte. Ya se hicieron las primeras pruebas de traspaso de información entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia trabaja en las últimas etapas del diseño de un sistema informático que proteja la transmisión de datos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial para su incorporación al registro provincial de condenados por delitos contra las personas y contra la integridad sexual.

En una reunión informativa a la que asistió el ministro Marcelo López Arias y la jueza de la Corte Teresa Ovejero se presentó un resumen de lo realizado y los puntos que se ajustan para asegurar la protección del traspaso de la información y completar la informatización del Registro. Eliminar, en un mediano plazo, el envío en papel de la documentación también es un objetivo.

La definición de este soporte está avanzada. En esto trabaja personal informático del Servicio Penitenciario, quienes ya hicieron pruebas de transmisión de datos aunque de manera formal la prueba piloto se pondrá en marcha en las próxima semanas, para ir ajustando el sistema con la práctica. En ese período se mantendrá el procedimiento actual de envío.   

Salta cuenta con un registro provincial de condenados por delitos contra las personas y contra la integridad sexual al que fueron incorporados 577 datos únicos de identificación genética hasta este mes. De ese total, 308 corresponden a casos contra las personas (homicidios, lesiones) y 269 contra la integridad sexual. 

Contar con un Registro ayuda a esclarecer hechos que son objeto de una investigación en materia penal vinculada a esos delitos. La ley que le dio marco es la 7775 y prevé la extracción de material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), organismo que conserva la muestra. 

La ley creó la base de datos (a cargo de la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos) y el banco de datos genéticos (responsabilidad el Ministerio Público a través del CIF). La Corte de Justicia es la que envía al organismo provincial la información de las sentencias firmes para su sistematización y a través de la Oficina de Gestión de Audiencias solicita el pedido de datos únicos de identificación genética.

Aunque la normativa está en vigencia desde agosto de 2018, en el Registro figuran todos los casos correspondientes a ese año y los sucedidos estos primeros meses de 2019.

La presentación técnica fue coordinada por el técnico Felipe Huanca, quien dio información a los funcionarios y en la que se destacó que con esta acción la Provincia “da cumplimiento a la ley  que crea esta herramienta y permite cotejar en forma rápida el dato genético de quien haya cometido un delito y verificar si existen antecedentes de hechos similares”. 

Participaron la secretaria de Justicia y Métodos Participativos para la Resolución de Conflictos, Carina Iradi; el subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena; y otros funcionarios del Ministerio y del Poder Judicial.

 

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